Quiénes son los juristas convocados por Alberto Fernández para analizar la reforma de la Corte Suprema

El gobierno de Alberto Fernández decidió avanzar con su reforma judicial que presentará mañana a la tarde para licuar el poder de la Justicia federal fusionando Comodoro Py con el fuero penal económico, y aglutinando los tribunales del fuero contencioso administrativo con el civil y comercial. Pero también conformó un consejo asesor de 11 especialistas para que estudien una ampliación de la Corte Suprema y su funcionamiento, y que ponga en la mira al Consejo de la Magistratura de la Nación. Además, la idea es analizar el sistema acusatorio y la implementación del juicio por jurados. Tendrán 90 días para pronunciarse.

Aunque el propio Alberto Fernández había dicho que, a su criterio, no debía aumentarse el número de miembros del máximo tribunal, igual decidió que quería escuchar a este grupo de especialistas sobre este asunto tan delicado para el equilibrio de poderes.

Los nombres de los futuros asesores de la Reforma fueron elegidos por el jefe de Estado, en consenso con Cristina Fernández de Kirchner. Hay algunos más conocidos que otros. De quiénes se trata:

León Carlos Arslanian (78 años). Fue el juez que, como presidente de la Cámara Federal, leyó la condena a los comandantes en el Juicio a las Juntas. También fue ministro de Justicia de Carlos Menem, el presidente que indultó a esos condenados. En 1988 se había retirado de la Justicia y armó su propio estudio de abogados, pero al año siguiente el peronismo ganó las elecciones y le ofreció encabezar la cartera de Justicia. Le advirtió por entonces a Menem que el indulto era un error. “Si la intención era echar un manto de olvido, se equivocaron”, decía. Pero el perdón a lo ocurrido durante la última dictadura no fue lo único que trajo el gobierno menemista en materia de Justicia.

En 1992, Arslanian renunció a ese cargo en medio del escándalo de “Narcogate”, en desacuerdo con los nombramientos que estaba haciendo el Ejecutivo. Es que había que designar a unos 200 jueces por la reforma del Código Procesal Penal. Él pedía democratizar las designaciones, pero –como recuerda– “las cosas no funcionaron y di un paso al costado”.

Volvió a la función pública de la mano de Eduardo Duhalde, como ministro de Seguridad, cuando en 1998 comandó una reorganización de la Policía Bonaerense. Eran tiempos de la “maldita policía” y su trabajo estuvo enfocado en dividir la fuerza, descentralizarla y controlarla para dar batalla a la corrupción interna.

Al año se fue, cuando Carlos Ruckauf llegó a la gobernación y proponía “mano dura”. En la gestión de Felipe Solá volvió a ser ministro de Seguridad entre 2004 y 2007. Trabajó además en la reforma del Código Procesal bonaerense, que convirtió a los magistrados en jueces de garantías y a los fiscales en jefes de la investigación. Es algo similar a lo que ahora se está buscando implementar en todo el país.

Egresado del Colegio Nacional Buenos Aires, la trayectoria de Arslanian es reconocida en la Justicia y el poder político. Su nombre siempre aparece cuando se habla de reformas judiciales. Por eso, cuando en mayo pasado se le preguntó sobre el consejo de asesores que planificaba Alberto Fernández, el propio Arslanian confirmó los rumores y hasta precisó que el Gobierno lo había consultado sobre el proyecto de reforma judicial que se se presentará en las próximas horas.

La oposición hace hincapié en sus clientes: se encargó de la defensa de la ex procuradora Alejandra Gils Carbó y del ex jefe de la AFIP Ricardo Echegaray.

Carlos Beraldi (60 años). Se hizo famoso como abogado de Cristina Kirchner, aunque más de la mitad de su vida la dedicó a la academia. Su primer nombre es Carlos, sus amigos lo llaman Alberto o “Beto”, tal como contó Infobae en una nota de mayo pasado llamada “El otro Alberto”. Es amigo desde hace 30 años de Alberto Fernández y también de León Arslanian.

Como defensor de la vicepresidenta, no solo suscribe la teoría del “lawfare” (la guerra de la política a través de los tribunales) que, sostiene, se implementó en el gobierno de Mauricio Macri, sino que apunta sobre cómo funcionó durante esos años Comodoro Py. Sin embargo, también cuestiona a la Corte Suprema por haber avalado el comportamiento de las investigaciones contra Cristina Kirchner.

A fines de la década del 70 empezó a trabajar en tribunales como meritorio hasta que recayó en el Juzgado Federal 4, con Nicolás Gilleta como juez y Alfredo Bisordi como secretario. Por ese entonces trabajaba con Gerardo Pollicita, el fiscal que más tarde acusaría a Cristina Kirchner de ser jefa de una asociación ilícita.

Años después conoció a Arslanian, que buscaba relator para el juicio a las Juntas, y la jueza Amelia Berraz de Vidal lo recomendó. Su desempeño en ese juicio le valió que lo nombraran en la fiscalía federal 4. Reemplazó a Alberto Piotti. Tenía 26 años.

En la mesa de entrada de la fiscalía estaba Guillermo Marijuan. Entró como meritorio después de un famoso curso de verano en la facultad de Derecho que se dio en la cátedra de Enrique Bacigalupo (otro de los convocados a ser parte del consejo consultor). Aunque atendía al público, Marijuan quería todo el tiempo hacer acusaciones (regía el viejo código penal y era similar a lo que hoy sería una elevación a juicio). Cuando Marijuan se equivocaba en alguna cita, en chiste Beraldi lo mandaba a pararse entre dos bibliotecas, como en el rincón. Son amigos desde entonces.

La carrera judicial de Beraldi terminó cuando “se fue a la profesión”, como se dice en Tribunales para comentar que alguien dejó la función pública para trabajar como abogado particular. Se asoció con Arslanian, a quien también acompañó en su gestión en el Ministerio de Seguridad bonaerense. También fue funcionario del Ministerio de Justicia en épocas de Néstor Kirchner, durante el paso de Alberto Iribarne por esa cartera, y coordinó una comisión para elaborar un nuevo Código Procesal Penal.

Aunque había cruzado formalmente algunas palabras en 2010, a Cristina Kirchner la conoció en diciembre de 2015. Beraldi asesoraba a su sobrina, Romina Mercado, en la causa Hotesur. De hecho, fue su presentación la que impulsó la salida de Claudio Bonadio de ese expediente y tuvo la acogida de la Sala I de la Cámara Federal porteña porque el juez había ordenado unas pericias contables, sin control de las partes.

Beraldi hoy representa a Cristina Kirchner en la mayoría de sus causas judiciales, salvo en el caso del Memorándum con Irán. También representa a sus hijos. No solo es su defensor. También es su querellante, en la causa que se abrió en Lomas de Zamora por el espionaje ilegal durante el gobierno de Mauricio Macri desde la AFI. Pero Beraldi, en su rol de abogado, también es impulsor de otra causa clave que se tramita en Comodoro Py. Es la que radicó el empresario Fabián de Sousa al acusar a Macri de una asociación ilícita para meterlo preso y desapoderarlo de sus empresas.

Inés Weinberg de Roca. 71 años. Fue la candidata de Mauricio Macri para ser procuradora general de la Nación, pero la oposición nunca le dio los votos. Para muchos fiscales de Comodoro Py fue un alivio: tampoco la querían al frente del Ministerio Público. Su postulación fue impugnada por organismos de derechos humanos por una entrevista que la magistrada dio en 2008 en donde aseguró que tenía “el sentimiento” de que en la Argentina “hubo justicia de un solo lado” a la hora de revisar lo ocurrido en la dictadura y reabrir el debate en los tribunales penales.

El nombre de Weinberg lo instaló Macri en un set de televisión para sorpresa del mundo de los tribunales y también para la política. Macri la había conocido en el gimnasio, pero la magistrada ya tenía sus pergaminos judiciales para exhibir.

Weinberg de Roca se graduó en la UBA y se doctoró en la Universidad de La Plata con puntajes sobresalientes. Luego se marchó a Alemania, a estudiar derecho internacional y extranjero en el exclusivo Instituto Max Planck, de Hamburgo.

Al regresar al país, la joven abogada comenzó su carrera como profesora universitaria en la cátedra de Derecho Civil de Guillermo Allende. Pero la dictadura militar la despojó del cargo tiempo después. Su carrera judicial arrancó en los 90, cuando conoció al entonces presidente Carlos Menem en un evento y le dijo que quería ser jueza. Unas semanas más tarde el ministro de Justicia la convocó a su despacho y terminó a cargo del Juzgado Civil número 11. En el año 2000 saltó a la Cámara en lo Contencioso Administrativo de la Ciudad de Buenos Aires, donde tuvo dos etapas como jueza.

El mérito que se destaca en su currículum es el de haber sido, entre 2003 y 2008, jueza del Tribunal Penal Internacional para Ruanda –a cargo de juzgar el genocidio de la mayoría étnica Hutu contra el pueblo Tutsi– y del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia. También fue presidenta del Tribunal de Apelaciones de las Naciones Unidas. Actualmente, Weinberg de Roca es la presidenta del Tribunal Superior de Justicia porteño (STJ).

Hilda Kogan. Jueza de la Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires desde el año 2002, se convirtió en la primera mujer en ocupar ese cargo. Llegó a ese tribunal por un acuerdo con la UCR durante la gestión de Felipe Solá. No solo presidió el máximo tribunal de justicia de la provincia. También el Consejo de la Magistratura, el jury de enjuiciamiento y la Junta Electoral de la Provincia de Buenos Aires. Al Poder Judicial ingresó en 1996: fue jueza del fuero laboral y después jueza federal de la Seguridad Social.

Nació el 4 de febrero de 1945 y se graduó en la Universidad de Buenos Aires. Después hizo cursos de postgrado en la Universidad de Carolina del Norte, en Estados Unidos. Fue investigadora-docente de la Fundación Bariloche (hasta 1976) y luego ejerció la abogacía en derecho laboral, donde asesoró, por ejemplo, a los sindicatos de Luz y Fuerza, Obreros y Empleados de Obras Sanitarias.

En 1985 se integró al equipo de Normalización de la UBA y creó el CBC, desde donde dirigió la carrera de Sociología. Actualmente es profesora consulta de la UBA. Es experta en derecho laboral y en el año 2018 recibió el Premio Konex de Platino en la categoría “Magistrados”.

Su nombre sonó para llegar la Corte Suprema de Justicia de la Nación, pero el gobierno de Néstor Kirchner postuló a Elena Highton de Nolasco. Fue vicepresidenta de la Asociación de Mujeres Jueces de la Argentina. Tiene un bajísimo perfil, sostiene que “la Justicia tardía es la máxima injusticia”. Durante toda su vida, su tiempo libre lo dedicaba a leer literatura latinoamericana. Pero desde hace años, cuando no trabaja, su única prioridad y orgullo son sus nietas, a la que llama “tres nenas divinas”.

Enrique Bacigalupo (81 años). Exiliado durante la dictadura y referente jurídico de Alberto Fernández, es un catedrático reconocido a nivel internacional que se dedica al derecho penal económico.

Comenzó su carrera en 1958 en la Universidad de Buenos Aires. Discípulo de Luis Jiménes Asúa, director de Instituto de Derecho Penal y Criminología, renunció en 1966 tras la Noche de los Bastones Largos. Viajó por aquellos años a Alemania, donde estudió en la Universidad de Bonn.

En el 74 la presidenta Estela Martínez de Perón “depuró” una lista de profesores de la Universidad de Buenos Aires y decidió volver a Alemania hasta que en 1978 se incorporó a la Universidad Complutense de Madrid. En 1987 se convirtió en Magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo (España) hasta que se pasó a la actividad privada en 2011. Escribió más de una veintena de libros y centenares de artículos sobre el delito y la punibilidad, y los principios del derecho penal.

En 2002, su nombre apareció en los diarios argentinos cuando la agencia DyN difundió que, como juez de un alto tribunal español, Bacigalupo cobraba de la Argentina una jubilación de privilegio (unos 3.500 pesos/dólares) que se le asignaba desde 1987 por haber sido funcionario de la Procuración del Tesoro en 1973 durante el brevísimo gobierno del peronista Héctor Cámpora. En declaraciones a una radio española, Bacigalupo confirmó la información aunque aseguró que no recordaba si aún la seguía cobrando o si había renunciado a ella.

Andrés Gil Domínguez. Activo tuitero, él mismo elige definirse en esa red social como “abogado, Doctor en Derecho y Posdoctor en Derecho. Fanático de Boca y de Obras Basquet. Padre consumado”. Nació en La Pampa en 1968 y se recibió en la UBA en 1992. Es abogado constitucionalista, es profesor de Derecho Constitucional (UBA y Universidad de La Pampa) y profesor de doctorado de universidades extranjeras. Su currículum dice que tiene 27 libros escritos y más de 600 artículos publicados.

Apenas se conoció su nombre como integrante del consejo asesor, algunos destacaron que su inclusión daba un “contrapeso” opositor. ¿Por qué? Porque cuestionó la democratización de la Justicia que impulsó Cristina Kirchner en 2013, logró la inconstitucionalidad de la ley de subrogancia que implementó la entonces presidenta y fue amicus curiae del grupo Clarín en la pelea ante la Corte Suprema por la ley de medios. Además, en marzo pasado, impulsó un amparo colectivo junto a Eduardo Semino en busca de que se dicte la inconstitucionalidad del decreto que firmó Alberto Fernández que corregía esa fórmula de las jubilaciones.

Hace unos días, en diálogo con Infobae, Gil Domínguez se pronunció en contra de un posible indulto a CFK por las causas de corrupción. Cree que en las causas de corrupción no aplica ninguna reducción de penas. Su último libro se llama Defensa del sistema democrático y corrupción.

Los medios lo eligen porque suele ser claro en sus definiciones y también porque toma partido en temas que están en boga. Presentó amparos para que se instrumente el aborto no punible y consiguió el primer fallo en el mundo en donde dos papás pudieron anotar como propio un bebé nacido por una maternidad subrogada. También llevó adelante otras demandas que llegaron a los diarios internacionales: la que defendía los derechos de la orangutana Sandra. Fue así que se le ordenó al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, propietario del zoológico y, por tanto, de la orangutana, que garantizara al animal “las condiciones naturales del hábitat y las actividades necesarias para preservar sus habilidades cognitivas”.

La noticia sobre su designación como miembro de asesor de expertos le llegó justo en medio de unos trámites que estaba esperando hace tiempo para un nombramiento del Confedereración Argentina de Básquet, entidad que asesora legalmente. Como abogado, fue uno de los pocos constitucionalistas que no objetaron la jugada de Cristina Kirchner de ir la Corte Suprema a pedir una acción declarativa de certeza para poder llevar adelante sesiones virtuales en el Senado en medio de la pandemia.

En los últimos días, su voz reapareció en los medios para decir que la Corte debería ampliarse a nueve miembros, aunque rechazó la idea de que se divida en salas. Dice que al máximo tribunal le llegan 24 mil causas por año y se rechaza el 90 por ciento. “Soy un litigante en la Corte Suprema. Conozco lo que no funciona”, dice.

Gustavo Ferreyra. Abogado constitucionalista y doctor en Derecho, trabajaba con Raúl Zaffaroni, el ex ministro de la Corte Suprema que suscribe al kirchnerismo y propone ampliar el máximo tribunal dividiéndolo en salas.

Ferreyra nació en Buenos Aires en 1960, estudio en la Escuela Normal Superior “Próspero Alemandri”, de Avellaneda, y el secundario lo terminó en el Colegio Nacional “Hipólito Yrigoyen”, en 1977. Se recibió de abogado en 1984 y se doctoró en 2016. Es miembro de la Comisión de Doctorado de la Facultad de Derecho, en la UBA, habla tres idiomas y publicó decenas de libros y centenares de artículos especializados. Tiene un currículum que cualquier abogado envidiaría.

Además de su actividad académica, desde 1999 es consultor permanente de la Defensoría del Pueblo del a Ciudad de Buenos Aires. Fue miembro ad honorem de la Comisión creada en el ámbito del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación para la elaboración del proyecto de ley de reforma y actualización integral del Código Penal, entre 2004 y 2006. Cristina Kirchner lo designó conjuez de la Cámara Federal de Casación Penal en 2013, respaldado por el Senado al año siguiente. En 2014, también lo nombraron conjuez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Junto a Zaffaroni, Ferreyra lleva adelante la defensa del presidente depuesto de Bolivia, Evo Morales, para demostrar la “persecución jurídica” que sufre en su país, donde radicaron en su contra al menos tres causas por sedición y terrorismo. “Con el profesor Zaffaroni tenemos una profunda vocación democrática y en Bolivia existe un golpe de facto. Me siento muy honrado por la distinción de Evo Morales de llevar a cabo la asesoría legal de Evo Morales”, dijo el propio Ferrari en una mensaje que difundió el ultimo 2 de enero el ex presidente en sus redes sociales.

Marisa Herrera. Tiene 47 años y una hermana famosa: la bailarina Paloma Herrera. Según una nota que dio en 2018 al diario La Nación, su escritorio está decorado con un juego de muñecas rusas, en forma de pingüinito, en donde aparecen Néstor Kirchner, Cristina Kirchner, Hugo Chávez, Raúl Alfonsín y Eva Perón.

Doctora en Derecho, es investigadora del Conicet especializada en familia, infancia y adolescencia. Es discípula de la jurista mendocina Aída Kemelmajer de Carlucci, siempre mencionada para integrar la Corte Suprema. Escribió junto a otro de los miembros de este comité asesor, Gil Domínguez, un libro sobre matrimonio igualitario y derecho constitucional de familia y disertó en el Congreso para defender el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo.

Trabajó en la reforma del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación y fue postulada a ser defensora del niño. En 2017 se postuló como diputada suplente por Unidad Ciudadana en las elecciones legislativas.

Tiene dos hijos adolescentes y no tiene problemas en definirse como kirchnerista. “Soy muy laburadora, soy armadora; como me encanta el fútbol desde siempre, te diría que sería un 5”, dijo recientemente en una entrevista publicada por la ONG “mujeresxmujeres”, en donde, además, remarcó que se siente cómoda llevando adelante proyectos de manera “colectiva, federal y sorora”. “Una frase de los últimos años con la que me siento absolutamente identificada es con la idea de defender y sentirme parte de un proyecto nacional, popular, democrático y feminista”.

Claudia Sbdar. Es la primera mujer que integra la Corte Suprema de Tucumán. Llegó allí en 2008 durante el gobierno de José Alperovich. Uno de los tres hijos de la jueza, Oscar Bercovich, fue nombrado secretario privado del gobernador, según reportaron por entonces los medios locales. “Queda claro que la independencia de la Justicia ha sido arrasada al calor de la lapicera oficial”, dijo el por entonces senador radical José Cano. Por entonces, Alperovich sorteó el escándalo “¿Cuáles críticas? –le dijo a La Gaceta–. Es un chico muy capaz, estudioso y es un orgullo tenerlo. Trabajará a la par mía”. El joven, economista, terminó renunciando en 2013, justificado en “motivos personales”.

La jueza Sbdar se recibió de abogada y escribana en 1984 en la Facultad de Derecho de la Universidad de Tucumán y se doctoró en la Universidad Complutense de Madrid. Su carrera comenzó a los 29 años como jueza en lo civil y comercial de Tucumán. Al año siguiente fue nombrada relatora en la Corte provincial, y en 2008 llegó como vocal a ese tribunal.

Actualmente, preside la Corte tucumana. En 2018, encabezó una jornada que ADEPA organizó en Tucumán, donde parafraseó a Albert Camus diciendo: “Una prensa puede ser buena o mala. Pero sin libertad, la prensa no será otra cosa que mala”.

María del Carmen Battaini. Tiene 69 años. Es jueza del Tribunal Superior de Tierra del Fuego y la primera mujer en encabezar la Junta Federal de Corte. Impulsa el proyecto para ampliar el máximo tribunal de su provincia. Es que en su provincia hay solo tres jueces y ella propone subirlo a cinco miembros.

Nació en Buenos Aires, estudió Derecho y empezó como meritoria en Tribunales. En uno de los primeros concursos llegó a ser secretaria en la Corte Suprema de la Nación, pero en 2002 leyó en el diario la convocatoria que hacían desde Tierra del Fuego para sumar jueces a la provincia.

El año pasado, la entonces gobernadora Rosana Bertone la consideró una de las diez juristas más importantes del país. Sin embargo, recibió críticas por parte de agrupaciones sindicales por el ascenso meteórico que había tenido su yerno en la carrera judicial sin respetar la reglamentación vigente.

Omar Palermo. Tiene 52 años y es juez de la Suprema Corte de Mendoza desde hace siete años. Con raíces peronistas, integra la agrupación Justicia Legítima. Eso lo llevó a estar en el foco de los gobernadores radicales de la provincia.

Recibido en Córdoba y doctorado en España, impulsó los juicios de lesa humanidad que se realizan en la provincia de Mendoza. Desde allí llevó adelante las acusaciones contra los jueces Otilio Romano y Luis Miret por delitos cometidos durante la última dictadura militar.

Sus méritos académicos son reconocidos como titular efectivo de Derecho Penal en la Universidad Nacional de Cuyo, doctor en Derecho por la Universidad Pompeu Fabra, Barcelona, becario postdoctoral en la Universidad de Freiburg, Alemania, ex presidente de la Asociación Argentina de Profesores de Derecho Penal.

Palermo ingresó en 2008 a la Justicia federal y coordinó la Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de Causas de Violaciones a los Derechos Humanos. En 2010 lo nombraron fiscal general de la Cámara Federal de Mendoza. En 2012 el gobernador Francisco Pérez lo eligió para cubrir la vacante dejada en la Corte mendocina por Fernando Romano, que se jubilaba. En 2018 pidió una licencia sin goce de haberes para irse a estudiar a Alemania que desató pedidos de informes por su ausencia durante seis meses en el tribunal.

Cuando murió el fiscal Alberto Nisman y en Comodoro Py se organizaba lo que se dio en llamar la marcha de los paraguas, Palermo aseguró: “La marcha tiene una clara línea política, es un hecho político. No está mal, pero es inaceptable que quieran camuflarlo”. “¿Con qué legitimidad gente responsable de la administración judicial está legitimada a reclamar?”, preguntó.

La oposición lo puso en el foco de las críticas por su afiliación a la agrupación Justicia Legitima. El ex gobernador Alfredo Cornejo lo acusó de ser el líder de la oposición en la Corte. Días atrás, Palermo propuso una audiencia en la Corte para que se revise la designación que hizo el gobernador radical Rodolfo Suárez para cubrir una vacante en el tribunal con la dirigente Teresa Day. En un comunicado, la UCR de Mendoza afirmó que esa convocatoria “no solo constituye una intromisión del Poder Judicial” en la labor del Ejecutivo y el Legislativo “sino que pretende sustituirlo en sus facultades y atribuciones constitucionales”. “Como en el país, en Mendoza el kirchnerismo tiene interés por influir decididamente sobre la Justicia”, afirmó.